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Las consecuencias de nuestros actos

por Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno.

La época de globalización que vivimos ha engendrado una generación que tiende a la irresponsabilidad de sus actos. La televisión, los realities, los debates que son peleas de gallos, la impunidad que proporcionan las redes sociales hacen que no se tome conciencia de las consecuencias de nuestros actos. Una interpretación incorrecta del principio kantiano, según el cual actuar éticamente es responder desde nuestro concepto del deber, conduce a pensar que no son importantes las consecuencias de nuestros actos, que solo cuentan los motivos de los actuantes. Se niega toda responsabilidad en las consecuencias de los actos, pues se actúa siguiendo la convicción personal de cada uno.

Tal actitud, que satisface nuestra conciencia, puede implicar consecuencias graves para todos. Es lo que explica que en el Reino Unido se votase la salida del país de la UE e inmediatamente después se protestase porque no creyeron que sus votos pudiesen provocar tales resultados contrarios a sus intereses. Igualmente, en un país arrasado por 52 años de violencia, Colombia, atónitos quedaron todos al comprobar que ellos mismos, votando o dejando de votar, han propiciado una situación que no quieren. También en nuestro país se vive un hecho semejante en un partido, el PSOE, y en la sociedad cuando se enjuicia la situación planteada.

El viejo principio fiat iustitia, et pereat mundus, que propugna la preferencia por el hundimiento del mundo en aras de la justicia, tiene en nuestro caso un correlato. Una dirigente socialista ha escrito: “Y si al final los poderes fácticos acaban con nosotros, en nuestra lápida pondrá: ‘Muertos por votar no a la derecha”, apostando por la muerte, se supone que del proyecto socialista, antes que establecer un debate sosegado sobre qué es más conveniente hacer. Pero no se trata de impulsar la muerte del proyecto socialista sino de darle vida actuando en cada ocasión como mejor garantice la supervivencia de las ideas.

Lo que sucedió en el comité federal del psoe el 1 de octubre no es grave, lo grave es cómo sucedió. Imaginemos los mismos hechos en un escenario diferente: los miembros del Comité acuden a la calle Ferraz para celebrar una reunión. Se conoce el orden del día: propuesta de la dirección, para que la apruebe el Comité Federal, de un calendario que implica primarias para elegir al secretario general el 23 de octubre y congreso extraordinario para ratificarlo el 13 de noviembre. La calle está vacía, nada atrae el interés de los militantes ni de la prensa.

¿Qué hizo pues que en la calle Ferraz y en el interior del Comité se organizara el espectáculo lamentable aquel día? Que todo el mundo sabía que unos días antes la mitad de los dirigentes de la Comisión Ejecutiva había presentado su dimisión. Se sabía que estatutariamente tal acto significaba el cese del secretario general. A partir de este conocimiento se desencadena una reunión nada racional, con la ayuda de los que permanecían en la calle, socialistas y de otros partidos. Una votación democrática terminó resolviendo el conflicto, pero el daño estaba hecho. El secretario general de un partido pierde una votación democrática y decide abandonar el puesto. Un acto normal en un partido funcionando como establece el artículo 6 de nuestra Constitución. Si se hubiese evitado la dimisión colectiva de los miembros de la dirección, la reunión del 1 de octubre hubiese sido una más, importante desde luego, de la práctica habitual de un partido democrático. En el fondo, ¿cuál era el debate? Cómo se estructura el poder en una organización política democrática y progresista en el siglo XXI. El PSOE ha practicado a lo largo de su historia una democracia representativa, en la que los militantes eligen a sus líderes, a los que encargan la dirección de la política a través de sus estructuras ejecutiva (Comisión Ejecutiva Federal) y deliberativa (Comité Federal), con los consecuentes órganos territoriales, provinciales y locales.

La puesta en práctica de unas primarias para elegir el candidato para las elecciones legislativas en 1998 generó un deseo que anida en muchos militantes de que todas las decisiones importantes sean tomadas mediante referendos o plebiscitos. Es otra fórmula, otra concepción de la democracia que reduce la marcha de la organización a la conexión del líder y las bases, eliminando de facto la estructura partidaria.

La posibilidad de consulta permanente es un aliciente para los militantes en la edad de las redes sociales, por lo que parece lógico que lo reivindiquen. Lo que sorprende es que no pocos dirigentes clamen por que las decisiones políticas que les corresponden en una democracia representativa se alojen en las bases de la organización. No es muy compatible aspirar a dirigir un colectivo y preferir que las decisiones las tomen otros.

La pugna por la evolución del modelo que debe preservar o cambiar el PSOE se ha atravesado con un acto puntual en la vida política, la posición a adoptar en la encrucijada que ha planteado un Parlamento fragmentado sin que los partidos hayan sabido encontrar una fórmula de acuerdo para formar un Gobierno.

Ya el 20 de diciembre los resultados de las elecciones apuntaban con claridad a un dilema inexorable: o el PSOE se abstenía en la votación de investidura del dirigente del partido que más votos había obtenido o se repetirían las elecciones. Así lo expresé yo entonces en esta misma publicación. Antes de que efectivamente se repitieran las elecciones se produjo un disparate político incalificable y un acto de intenciones muy positivo, pero que terminó en fracaso, fue abortado por Podemos. El disparate fue la insólita finta del líder que ganó las elecciones: negarse a aceptar el encargo de formar Gobierno que le hizo el jefe del Estado. El acto de voluntad de demostrar que el acuerdo era posible lo protagonizó el líder del PSOE logrando un acuerdo con Ciudadanos al que respondieron con un voto en contra los dirigentes de Podemos, lo que no les ha impedido seguir con la matraca de que un Gobierno con el PSOE es posible. Son los culpables de que hoy no haya un Gobierno de centro izquierda.

Celebradas las elecciones, repetidas, en junio, el PP avanzó de 123 a 137 diputados, y ahora se plantea la disyuntiva de si repetir de nuevo las elecciones o formar Gobierno gracias a la alianza con Ciudadanos, que sumaría 170 diputados. Y aquí es donde la pasión ideológica puede cegar a unos y otros. Una personalidad cuya alta capacidad intelectual se le supone declaraba a la prensa: “Prefiero las terceras elecciones a un Gobierno del PP”, como si fuesen términos excluyentes, es decir, que si hubiera terceras elecciones se evitaría el Gobierno del PP, cuando la realidad dicta que sería aún más probable ese Gobierno.

Claro que los que se sienten incómodos con la formación de un Gobierno del partido que ganó las elecciones tienen razones para sostener la idea contraria. Basten dos para explicarlo, la política de recortes de los últimos años, causante de mucho dolor en las capas más humildes de la sociedad, y la vergonzosa trama de corrupción que ha enriquecido ilícitamente a algunos dirigentes populares. Tienen pues razones, pero tener razones no siempre significa tener razón. No se puede actuar solo en función de la dignidad ultrajada de cada persona, hay que considerar lo que afecta a la colectividad.

Y todo ello en una época en la que la socialdemocracia europea ha perdido el norte de sus proyectos ante la globalización económica. El ejemplo más claro está en el Reino Unido, donde el laborismo creyó cumplir con sus objetivos optando por la tercera vía de Tony Blair (de hecho, la aceptación de los preceptos neoliberales) para pasar a la intransigencia sin futuro de Jeremy Corbin.

El socialismo español debe construir su senda histórica defendiendo un proyecto autónomo, lo que no significa la imposibilidad de acuerdos con otras organizaciones –como supo hacer en la transición política en 1978– cuando los intereses del país lo requieran. 

Fuente: Revista Tiempo.

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